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Ilustración por Atahualpa Quintero para Revista (Des) Cartable
Tomás Rodríguez
la ausencia de unas elecciones libres, justas, transparentes y observadas se suma a la serie de acciones y políticas que violan los derechos humanos y deterioran la democracia en Nicaragua. Esta situación ha llevado a distintos países al desconocimiento de los resultados del Consejo Supremo Electoral y al establecimiento de sanciones por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos. Este último país aprobó la “Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral 2021”, conocida como Ley RENACER, esta ley contó con el apoyo mayoritario de Demócratas y Republicanos, en ambas cámaras, lo que refleja el consenso de opinión que tienen los políticos norteamericanos sobre la grave crisis que enfrenta Nicaragua.
La Ley RENACER propone sanciones adicionales contra los actores del régimen Ortega Murillo, por esto los representantes de Estados Unidos en las instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, van a revisar los fondos destinados a Nicaragua. Hasta este punto tiene mucha semejanza en cuanto a los instrumentos de la Nica Act, ley aprobada en 2018. No obstante, un elemento adicional en la Ley RENACER es orientar al ejecutivo a revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA por sus siglas en inglés), disparando así las alarmas dentro de los sectores económicos nicaragüenses. En este artículo abordaremos algunas de las consecuencias de una posible exclusión de Nicaragua del DR-CAFTA y cómo podríamos llegar a un escenario similar a los años 80.
Primero hay que saber en qué consiste el DR-CAFTA. El tratado establece una zona de libre comercio entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana con Estados Unidos, siendo este el principal socio comercial para la región. Mientras que para Estados Unidos la región ocupa el lugar número 18 entre sus socios comerciales. Una “zona de libre comercio” significa que se eliminan una serie de restricciones arancelarias y no arancelarias en el intercambio de mercancías, es decir, no se pagan impuestos y no hay otras limitaciones para poder exportar o importar productos y servicios.
Siempre y cuando los productos y los materiales con que son elaborados provengan o tengan como origen a los países que forman parte del tratado. Se estima que el 80% de los productos centroamericanos se benefician de este tratado comercial. La ventaja del tratado radica en que la eliminación de las barreras comerciales hace más baratos los productos en el mercado de destino, convirtiendo nuestras mercancías en más competitivas respecto a las mismas elaboradas en otros países de fuera de la región.
En primer lugar, la exclusión de Nicaragua del DR-CAFTA no significa que se va a prohibir la importación de productos nicaragüenses en Estados Unidos, lo que pierde Nicaragua es la ventaja de exoneraciones que le ofrece este tratado, es decir ahora los productos con procedencia de Nicaragua van a pagar impuestos, con lo que pierden competitividad y van a ser menos demandados porque son más caros en Estados Unidos.
Así que el primer efecto inmediato es una caída en las exportaciones por una menor demanda. Productos como los textiles, el café, la carne, el azúcar, el oro, los camarones, los puros y los licores entre otros van a ver reducidas sus exportaciones. Hay que considerar que en lo que va de 2021 Estados Unidos ha sido el destinatario de casi la mitad de las exportaciones de Nicaragua. Al reducirse las exportaciones el Producto Interno Bruto, el valor de lo que toda la economía produce, va a caer y ha estado cayendo desde abril 2018, con lo que se agravaría la crisis económica.
La reducción de la demanda de productos exportados tendría un efecto en el empleo, para poner un ejemplo, peligrarían las 120 mil plazas de trabajo de las textileras de zona franca que ya no tendrían un atractivo para producir en el país. El desempleo abierto y el subempleo se incrementarían, que actualmente según el INIDE suman prácticamente el 50% de la población económicamente activa. Las familias tendrían menos ingresos y eso afectaría la demanda interna, perjudicando nuevamente el PIB. Por otro lado, al disminuir la actividad económica el Estado tendría menos recursos (y si a eso sumamos que podría tener menos préstamos de las multilaterales) entonces para mantener el déficit fiscal, el Estado tendrá que recurrir a las alternativas de aumentar los impuestos, disminuir el gasto, emitir dinero o una mezcla de los tres. Todas esas medidas a su vez contraen la economía e incluso podrían generar inflación. Será un escenario similar al de los años 80 sin la excusa de tener una guerra.
Hasta ahora las sanciones de Estados Unidos han estado dirigidas a personas o instituciones, no ha habido ninguna sanción al país. La exclusión de Nicaragua del DR-CAFTA sería la primera sanción al país. Pero la ley RENACER pide al Ejecutivo revisar la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio. Esa revisión debe considerar dos elementos antes de implementar una medida. El primero de ellos, es el aspecto jurídico del acuerdo. Este es un tratado internacional y se tienen que considerar todas las implicaciones legales y la opinión de los demás países, no es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Nicaragua.
El otro aspecto para considerar es geopolítico. La exclusión de Nicaragua no afecta solo a Nicaragua, sino a todos los países de la región. Por la regla de origen, los otros países importan de Nicaragua para producir y viceversa, si Nicaragua es excluida las importaciones de Nicaragua para producir sus mercancías disminuirán, afectando las exportaciones de los otros países, con las mismas secuelas de disminución del PIB y del empleo, aunque en menor medida. Este efecto sobre el empleo de la región puede alentar aún más las oleadas migratorias hacia Estados Unidos, algo que ellos desean evitar. Estos dos elementos son el hilo que sostiene la espada sobre la cabeza de la dictadura y de aquellos que la apoyan, es la amenaza persistente.
El DR-CAFTA es una gran ventaja para los países de la región centroamericana y República Dominicana, les abre las puertas a sus exportaciones al mercado de su principal socio comercial, los Estados Unidos. La dependencia económica que tiene Nicaragua de los Estados Unidos es innegable y la exclusión del DR-CAFTA tendría efectos catastróficos sobre la economía de Nicaragua, ya golpeada por la crisis política y el COVID. El fantasma de los 80 ha empezado a circular en las mentes de los agentes económicos. Por ahora es una amenaza, una amenaza dirigida a los intereses políticos y económicos que soportan al régimen. Como Damocles,tienen la alternativa de quitarse del trono o esperar a que el hilo se rompa y corte sus cabezas. ¿Qué decisión tomarán? El reloj está corriendo.
