La nueva Nicaragua a imagen y semejanza del Pacto Ortega-Alemán

Anónimo por razones de seguridad

El pasado 6 de agosto del presenta año, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) solicitó la cancelación de la personería jurídica del partido político, Ciudadanos por la Libertad (CxL), último partido opositor al Frente Sandinista de Liberación NacionaL (FSLN)l para las elecciones a realizarse el próximo 6 de noviembre. La denuncia contra CxL interpuesta por el PLC hizo uso de las leyes publicadas por la Asamblea Nacional, la cual se encuentra bajo el control del FSLN y el régimen actual de Daniel Ortega. Mediante la Ley 1055 de Soberanía, La Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Seguridad Soberana – todas publicadas por el orteguismo para controlar la libertad de expresión, reprimir a la oposición política e inhibir a las organizaciones no gubernamentales relacionadas a la protección de los derechos humanos –, el PLC demostró ser un partido aliado al FSLN y a Ortega, listo para defender la tal soberanía o la seguridad soberana delimitada por el régimen. Sin embargo, es preciso señalar que las supuestas amenazas a la soberanía o a la seguridad no se refieren a Nicaragua como país o nación en su totalidad. La soberanía y seguridad amenazadas – por CxL, la libertad de expresión o los derechos humanos– son aquellas de la Nicaragua definida por el orteguismo y su aliado más próximo, el PLC. Esta es la nación definida a partir del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, la cual no responde a la seguridad de la mayoría de la ciudadanía nicaragüense. Más bien, el pacto es el momento fundacional de la terrible realidad que se vive el día hoy en el país.

Parece que fue hace mucho tiempo, y quizá lo fue, ya que contamos más de veinte años desde los primeros acuerdos de lo que sería denominado el Pacto Alemán-Ortega, en 1998. A pesar de su denominación en singular el “Pacto” conglomera una cantidad importante de acuerdos, leyes y órdenes ejecutivas que terminaron creando una nueva Nicaragua que terminó en las manos del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al finalizar la década de los años noventa, ambos hombres, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, habían obtenido el 90% de los votos posibles en las elecciones de 1996 mediante sus respectivos partidos políticos, el FSLN y PLC, respectivamente. Sin embargo, tanto Ortega como Alemán navegaban en aguas sumamente agitadas, ya el liderazgo –por no decir caudillismo– de sus partidos estaban siendo cuestionados y, sobre todo, ambos se estaban exponiendo a ser enjuiciados por crímenes, en caso que las siguientes elecciones los despojaran de su inmunidad facilitada por sus cargos políticos en la estructura estatal, como presidente y como diputados, por ejemplo. Ortega mantenía el caso abierto por su hijastra, Zoilamérica Narváez, quien lo acusó – acusa hasta el día de hoy – de violación. Además, luego de perder dos elecciones al hilo (1990 y 1996) había cuestionamientos serios del liderazgo de Ortega en el FSLN. Alemán, por su parte, comenzaba a acumular una seguida de casos de corrupción, entre ellos tráfico de influencia, lavado de dinero y malversación de fondos, que se hacían imposibles de esconder. ¿Cómo fue que de estas circunstancias adversas se fortalecerían ambos hombres mutuamente hasta dominar el todo político de Nicaragua por las próximas dos décadas?

Parece incluso más lejano o extraño leer la prensa y las noticias de aquellos años finiseculares, cuando cuadros históricos del sandinismo y la opinión pública en general expresaban su disgusto por el deterioro ético de sus dirigentes. Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, y uno de los principales aliados de Ortega a partir del 2018, pensaba que los pactos eran un “precio muy alto a pagar por el poder”. Los cambios de opinión y el cierre de las filas alrededor de estos dos grandes hombres funestos, uno violador y el otro ladrón, habla volúmenes sobre el deterioro de la institucionalidad política y, todavía más, subraya la inescrupulosa debacle ética de la clase dirigente nicaragüense. Visto después de los eventos de abril 2018 y, especialmente, a la luz de los últimos 15 años de gobierno sandinista, es claro que el pacto engendró muchas cosas. Entre estas, una nueva clase política y empresarial que claramente se ha convertido, por un lado, en una necro-maquinaria de muerte, represión, tortura y cooptación. Por otro lado, la clase dirigente del país es hoy una maquinaria generadora de dinero, capital y ganancias, con las cuales se sostiene un aparato todavía difícil de escrutar de prebendas y clientelismo, la cual al final siempre tiene su misma fuente de explotación: el pueblo nicaragüense.

La clase dirigente del país es hoy una maquinaria generadora de dinero, capital y ganancias, con las cuales se sostiene un aparato todavía difícil de escrutar de prebendas y clientelismo.

Corrupción, represión, dinero, muerte y, porque no, violación, fueron las bases que Ortega y Alemán echaron para construir una nueva clase gobernante y empresarial moldeada a su imagen y semejanza. Esto ya lo argumentaban algunos analistas durante los años fundacionales del sistema. En 1999, el comité editorial de Envío ya afirmaba que: “El pacto se ha gestado como se gesta el abuso dentro del hogar: inmadurez y dependencia del niño o la niña abusada, irrespeto e irresponsabilidad del abusador, premeditación, desigualdad de poder, engaño, humillación enmascarada con la protección, mala intención”. Sin embargo, en esos primeros análisis, un dato que usualmente escapó –y casi no se menciona en los aniversarios del pacto– es que quizá comenzó un año antes. En 1997 Alemán y Ortega aprobaron la Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria En ella se solucionó de un plumazo la larga lucha de personas, cooperativas y titulares de tierras por recuperar o indemnizar sus propiedades. Así, tierras y negocios de los nuevos empresarios sandinistas y del Ejército nacional, fueron protegidos de subsecuentes procesos judiciales. Aunque campesinos, líderes de movimientos de recuperación de propiedades y guerrilleros movilizados por la causa de la tierra venían siendo reprimidos, cooptados o, como fue el caso del líder de la Asociación de Confiscados, Argues Sequeira, asesinados. El primer pacto de 1997 fulminó cualquier salida negociada. Además, de la noche a la mañana, el gobierno de Alemán dejó de enfrentar protestas y asonadas contra las privatizaciones de la electricidad y demás servicios públicos, gracias a la cooptación de Ortega de las organizaciones de base.

Con este primer acuerdo tanto Ortega como Alemán dejaron un mensaje claro:ganar dinero en un país pobre sin generar levantamientos sociales era solo posible con ellos. De ahí se desencadenaron la lista de acuerdos que fueron sumándose y volviéndose leyes gracias a las mayorías controladas en la Asamblea, la manipulación de la Corte Suprema de Justicia y la represión a las voces disidentes. Estos cambios al orden institucional fueron, entre varios:

1. La diputación automática del presidente saliente. Así Alemán se aseguró que mantendría su inmunidad luego de su presidencia. También, al cambiar el art. 133 de la Constitución, los candidatos a presidente y vicepresidente del segundo partido con mayoría de votos ganaban una diputación. Ortega aseguraba su inmunidad con este cambio, en caso que perdiera las elecciones del 2001. Las cuales perdió.

2. La reducción del 45 al 35 por ciento del total de los votos para ser elegido presidente, si la diferencia porcentual es mayor de 5 por ciento con el segundo lugar. Así Ortega logró ganar las elecciones de 2006, pese al 8.5% que nunca fue contado o reportado por el Consejo Supremo Electoral.

3. El aumento de 12 a 16 magistrados y suplente en la Corte Suprema de Justicia, junto con el aumento de los ingresos del presupuesto nacional para la corte, la cual obtuvo 4% del presupuesto nacional. Con este cambio, Alemán y Ortega se repartieron nuevos cargos para dominar los fallos de la corte y controlar a un órgano que venía causándoles problemas: la Contraloría General de la República.

4. Esta última fue reformada y dejó de se le agregaron 4 cargos más, para ser integrada por 5 contralores, en vez de solo 1, que en esos años era Agustín Jarquín.

Otro nombre que ha caído en el olvido, Agustín Jarquín durante casi 4 años dirigió una Contraloría que realizó justamente las facultades que se le habían designado: controlar la buena gobernabilidad de las instituciones. La Contraloría de Jarquín denunció casi todas las irregularidades del gobierno de Arnoldo Alemán, en informes detallados que mostraban cómo la familia del presidente y sus allegados se beneficiaban de los contratos y proyectos del gobierno, culminando con el caso de HUACA, la malversación de los fondos de la ayuda llegada al país debido a los daños provocados por el huracán Mitch. Con los cambios introducidos en el pacto, Jarquín pasó a ser observado y vigilado por otros 4 contralores afiliados a Ortega y Alemán y el desempeño de su oficina no volvió a ser el mismo.

El caso de Jarquín es uno de varios, que caracteriza un patrón no tanto introducido, sino institucionalizado por el pacto: el buen funcionario público no es el que realiza su trabajo en acuerdo a los mandatos de la ley y de sus facultades, es aquel o aquella que responde mejor a los intereses de sus facilitadores: Alemán y Ortega. Aún así, este no es el funcionamiento más terrorífico que habilitó el pacto, sino que fue la potestad de ambos caudillos de administrar las libertades y las vidas de las personas dependientes de sus partidos.

En los años iniciales del pacto, varios cuadros y miembros fundacionales y legendarios del sandinismo alzaron sus voces en contra. Incluso, diputados sandinistas desplegaron mantas y pancartas en la Asamblea Nacional, durante las sesiones en las que los acuerdos fueron convertidos en ley.

En los años iniciales del pacto, varios cuadros y miembros fundacionales y legendarios del sandinismo alzaron sus voces en contra. Incluso, diputados sandinistas desplegaron mantas y pancartas en la Asamblea Nacional, durante las sesiones en las que los acuerdos fueron convertidos en ley. A su vez, los medios de comunicación y las voces contra el pacto fueron controladas por los mecanismos que parecen ya normales en los tiempos actuales. El asesinato del periodista Carlos Guadamuz es un ejemplo ilustrador de la maquinaria de represión y muerte que se habilitó con los pactos.

Sumado a su labor periodista, Guadamuz buscó lanzarse en las elecciones municipales como alcalde de Managua, perdió en 1996 y no lo dejaron correr en el 2000. Precisamente, Guadamuz se opuso, junto con varios sandinistas, a otro de los acuerdos plasmados en el pacto: la división de Managua en 3 distritos (Managua, El Crucero y Ciudad Sandino). Desde la Radio Ya, Guadamuz criticó duramente a Ortega y Alemán, por lo que él consideró un pacto contra sus aspiraciones electorales, así como la falta de Ortega como líder del sandinismo para apoyar su candidatura que había ganado dentro del seno del mismo partido. El pacto, con su mayoría en la Asamblea y con las cortes controladas, rápidamente embargó la Radio Ya, despojó a Guadamuz de su propiedad y las instalaciones de la misma fueron ocupadas por antimotines. Estos han sido los mismos mecanismos de acción hoy en día contra La Prensa, Confidencial y el Canal 12, por ejemplo.

Finalmente, el caso de Guadamuz es terrorífico , como se afirmó antes, porque demuestra las últimas consecuencias que produce la lucha por la libertad de expresión, incluso para los mismos partidarios sandinistas . Guadamuz no desistió de sus luchas contra el pacto y en denunciar las irregularidades de lo que el periodista apodó como la “dictadura de dos cabezas”. Tales comentarios, entre varios insultos y calumnias que dirigió tanto a Ortega como a varios miembros de la cúpula sandinista, le valieron a Guadamuz la expulsión del FSLN. Sin darse por vencido, volvió al aire mediante Radio Corporación y el Canal 23, y volvió a buscar postularse como candidato a la Alcaldía de Managua. Iniciaba el año 2004 y, contra todo pronóstico, Guadamuz parecía tener posibilidades reales de pelear por la Alcaldía. Su pasado sandinista y su postura contra el pacto, junto con su presencia cotidiana en la radio, lo hacían una figura conocida en la capital y, por ser antipactista, popular.

El 10 de febrero del mismo año, al dirigirse a su trabajo, fue interceptado por William Hurtado, quién disparó tres veces y asesinó a Guadamuz, que murió en la calle en brazos de su hijo, Selim. Pronto se descubrió que Hurtado había sido miembro del Directorio General para la Seguridad del Estado (DGSE), comandado por Lenin Cerna en los años ochenta de la revolución. Con todo, no solo las leyes, sino los hechos inmediatos en aquellos primeros años fundacionales del pacto, muestran cómo Alemán y Ortega habían amoldado el aparato institucional para operar bajo sus lineamientos. Pero es importante no olvidar los casos de Argues, Jarquín y Guadamuz, entre otros. Estos son los ejemplos vivos de cómo esa nueva gobernabilidad buscó reprimir, cooptar o asesinar, siempre contando con la legitimidad que le proveyó la nueva clase política y empresarial del país que iría a pactar con Ortega en el 2007. Dicha legitimidad del nuevo sandinismo autoritario y empresarial es mejor descrita por nadie más que Humberto Ortega Saavadra en los años noventa. El entonces general del Ejército recuerda que: “Nos regíamos por unos valores retorcidos [en los ochenta ] y nunca quedó muy claro que era pecado y qué no, qué era legítimo y qué no, si se podía poseer algo o no, si la casa de habitación era del Estado o si se podía poseer en propiedad”. Al final Humberto tacha de “mojigatería” y de “extremismo” la postura de los sandinistas que abnegaron todo tipo de riqueza, deseos y bienes por considerarlos burgueses. La orden de Humberto Ortega para los revolucionarios en la década de los noventa resumía que no bastaba “con tener una causa justa” y que los ideales de la revolución, al igual que el sujeto revolucionario, debían:“vivir sin ninguna pena, como viven los nicaragüenses (…). Si no aclaramos esas cosas no serán pocos los que en su extremismo caen en una suerte de mojigatería que los lleva al ridículo de creer que cargar dinero de su salario es algo pecaminoso”. A este nuevo sujeto sandinista-empresario le dedicaremos otra entrega sobre el Pacto Ortega-Alemán.

Por ahora cerremos con la siguiente sentencia. Pactar con Alemán, repartir tierras, asesinar a los disidentes, cooptar los medios de comunicación y pactar luego con la clase empresarial para desarrollar la economía en 2007 fueron las pautas que desembocaron en el actual régimen. Esa es la Nicaragua del pacto, más allá de una “causa justa”, sin “mojigatería”. Sobre el cuerpo de una mujer violada, con millones de dólares perdidos por la corrupción, con líderes políticos cooptados, dirigentes campesinos y periodistas asesinados, el país se adentró en los avernos de su nueva era. Es la Nicaragua sandinista de los Ortega en que vive la población nicaragüense hoy.